Posponen Código Penal por críticas de organizaciones

La bancada del Frente Amplio decidió posponer la aprobación del Código Penal para atender las críticas hechas al texto por varias organizaciones sociales. El diputado Jorge Orrico explicó a Montevideo Portal que se resolvió "escuchar" los planteos de las organizaciones, que advirtieron sobre un "retroceso" en la forma en que se consideran los delitos sexuales.

La aprobación del Código Penal estaba prevista en el orden del día de la sesión de este lunes de la Cámara de Diputados. Sin embargo, y antes de votarlo, los legisladores oficialistas solicitaron un cuarto intermedio para hacer un análisis de último momento del texto, luego de que varias organizaciones sociales hicieran públicos sus cuestionamientos.

Luego de esa instancia, Orrico -diputado de Asamblea Uruguay e integrante de la Comisión de Constitución y Códigos- anunció que el proyecto se votará finalmente el 29 de diciembre e indicó que la intención de la bancada es "escuchar" los planteos de las organizaciones.

Este lunes, varias organizaciones sociales -entre las que se encuentran Cotidiano Mujer, Amnistía Internacional y Serpaj, entre otras- emitieron un comunicado en el que afirman que el nuevo Código Penal "implica un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado".

Según las organizaciones, "hay un retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales, como la explotación sexual de niños/as y adolescentes o proxenetismo", ya que "banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos delitos contra el pudor y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación, siendo este tipo de conductas muy frecuentes en mujeres y las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes".

También "restringe la penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a los casos en que se prueba la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio sexual, aún sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos", adoptando así "las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual".

Para Orrico, las críticas de las organizaciones "son razonables pero opinables".

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