La utilidad de las comisiones investigadoras

Las irregularidades en ASSE que motivaron varios procesamientos la semana pasada provocaron también el debate sobre la utilidad de las comisiones investigadoras en el Parlamento. A partir de la actuación judicial, legisladores de la oposición recordaron que en 2011 el Frente Amplio no aportó sus votos para que el Poder Legislativo estudiara las denuncias relacionadas con la empresa Buena Estrella, hechas por el senador nacionalista Luis Alberto Heber.

Este lunes, en declaraciones a Radio Oriental recogidas por El País, el senador del MPP Ernesto Agazzi explicó que la negativa se debió, entonces, a que "el Parlamento no es un juzgado". El legislador, que integró la Comisión Preinvestigadora, señaló que "uno puede citar a declarar pero la gente va o no" y concluyó que "en el Parlamento se tienen que investigar las cosas políticas, no esto".

Por su parte, el senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta expresó a través de su cuenta de Facebook: "Ahora algunos se rasgan las vestiduras con la Comisiones Investigadoras pero en su momento vetaron el proyecto de ley corredactado por Gonzalo Aguirre y José Korzeniak que otorgaba amplias facultades de investigación a las mismas".

En diálogo con Montevideo Portal, Korzeniak recordó que el proyecto fue redactado por Aguirre en base a una tesis del entonces senador frenteamplista. Entre otras cosas, el texto daba a las comisiones investigadoras la potestad de obligar a comparecer ante los legisladores a las personas investigadas y le permitía "investigar documentos en empresas públicas y privadas".

"Finalmente se aprobó el proyecto pero el entonces presidente Luis Alberto Lacalle vetó los artículos que ampliaban las potestades a las comisiones", indicó Korseniak, recordando que actualmente las personas citadas a declarar por las comisiones pueden desistir o no aportar datos. Incluso, "si la comisión cita a un funcionario, el jerarca de ese organismo tiene que autorizar que ese funcionario concurra".

En base a eso, el constitucionalista considera que, con la normativa actual, "son pocas las oportunidades en las que las comisiones investigadoras se justifican". En ese sentido, explicó que "hay delitos que solo se tipifican cuando hay denuncia de parte, como la violación, por ejemplo. En ese caso una comisión podría investigar para saber qué ocurrió, pero no sirve después".

El ex legislador opinó además que "en los casos en que la Justicia ya comenzó a actuar, el trabajo de la comisión tiene poco sentido". De hecho, sostuvo que una investigación parlamentaria paralela a una judicial puede resultar algo negativo, dado que "la comisión podría llegar a una conclusión diferente a la de la Justicia, generando algo complejo". En contrapartida, admitió que "sí podría ser útil si el Parlamento desconfía de la Justicia o cree que va a haber trabas para que el juez y el fiscal investiguen".

Investigadora fue fundamental en procesamiento de Blanco

Un caso en el que, según Korzeniak, una comisión investigadora fue fundamental fue el que derivó en el procesamiento del ex canciller y legislador colorado Juan Carlos Blanco. En 1990, el Senado creó una comisión investigadora para indagar la relación de Blanco con la desaparición de la maestra Elena Quinteros durante la dictadura. "Investigamos en la Comisión y llegamos a la conclusión de que se había cometido delito", rememoró Korseniak, agregando que entonces "se presentó un informe que indicaba que había presunción de delito y aconsejaba enviar lo recabado a la Justicia pero el Senado, que tenía mayoría de blancos y colorados, votó archivar el expediente". El frenteamplista recordó que la bancada del Frente Amplio decidió presentar la investigación ante la Justicia de todos modos y afirmó que "ese expediente fue el que derivó en el procesamiento".